Declaración de 142 expertos sobre la ofensiva israelí en Gaza

La siguiente es una declaración conjunta de especialistas en legislación internacional sobre la ofensiva israelí en Gaza.

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La comunidad internacional debe poner fin al castigo colectivo de Israel contra la población civil en la Franja de Gaza

Como académicos de Derecho Internacional y Penal, defensores de derechos humanos, juristas y personas que creen firmemente en el imperio de la ley y en la necesidad de su respeto en tiempos de paz, y aún más, en tiempos de guerra, sentimos el deber intelectual y moral de denunciar las violaciones graves, la mistificación y carencia de respeto por los comienzos más básicos del Derecho relativo a los conflictos armados y a los derechos humanos fundamentales de toda la población palestina cometidos a lo largo de la ofensiva israelí en curso sobre la Franja de Gaza. Condenamos además el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza, como todos los ataques indiscriminados contra población civil, con independencia de la identidad de los autores, que no sólo es ilegal según el Derecho Internacional, sino además moralmente intolerable. De todas formas, como además implícitamente señala el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su Resolución del 23 de julio 2014, las dos partes en conflicto no logran ser considerados iguales, y sus acciones —una vez más— parecen ser de una magnitud incomparable.

Una vez más es la población civil desarmada, las «personas protegidas» en virtud del Derecho Internacional Humanitario (DIH), las que se encuentran en el centro de la tormenta. La población civil de Gaza ha sido victima de la falsa interpretación del derecho a la legítima defensa, durante una escalada de violencia provocada delante de toda la comunidad internacional. La llamada operación Margen Protector empezó a lo largo de un conflicto armado en curso, en el contexto de una larga ocupación beligerante que comenzó en 1967. En el curso de este conflicto continuado, miles de palestinos han sido asesinados y heridos en la Franja de Gaza desde el año 2005, a lo largo de los recurrentes y aparentes períodos de “alto el fuego”, y más tarde de la “desconexión” unilateral de Israel de la Franja de Gaza. Las muertes causadas por los actos de provocación de Israel en la Franja de Gaza y anteriores a la última escalada de las hostilidades, no deben ser tampoco ignorados.

Según fuentes de la ONU, en las dos últimas semanas, casi 800 palestinos han sido asesinados en Gaza y más de 4.000 heridos, de los cuales la gran mayoría eran civiles. Varias fuentes independientes indican que sólo el 15 por ciento de las víctimas eran combatientes. Familias enteras han sido asesinadas. Hospitales, clínicas, así como un centro de rehabilitación para personas con discapacidad, han sido blanco de los ataques y severamente dañados. En un solo día, el domingo 20 de julio, más de 100 civiles palestinos fueron asesinados en Shija‘iyeh, un barrio residencial de la ciudad de Gaza. Siendo esta una de las transacciones más sangrientas y más agresivas jamás llevadas a cabo por Israel en la Franja de Gaza, una forma de violencia urbana que constituye una carencia de respeto total a la inocencia civil. Lamentablemente, a esta le siguió, sólo un par de días más tarde, un arremetida igualmente destructor sobre Khuza‘a, al este de Khan Younis.

También, la ofensiva ha causado ya la destrucción generalizada de edificios e infraestructuras: según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, más de 3.300 casas han sido objetivo de los ataques resultando en su destrucción o gravemente dañadas.

Como denuncia la Misión de Investigación de las Naciones Unidas (MINU) sobre el conflicto en Gaza, resultado de la operación israelí “Plomo Fundido” en 2008-2009: “Mientras el Gobierno israelí ha tratado de presentar sus transacciones esencialmente como una respuesta a los ataques con cohetes en el ejercicio de su derecho a la defensa propia, la Misión considera que el plan se ha dirigido, al menos en parte, a un objetivo diferente: la población de Gaza en su conjunto”. (A/HRC/12/48, párrafo 1883). Lo mismo logra decirse de la ofensiva israelí en curso.

A la población civil de la Franja de Gaza la están atacando directamente y muchos han sido forzados a olvidar sus hogares. Lo que ya era una crisis de refugiados y humanitaria, se ha agravado con una nueva ola de desplazamientos masivos de la población civil: el número de desplazados internos llega casi a los 150.000, muchos de los cuales han obtenido refugio en escuelas ya rebasadas de la UNRWA, que lamentablemente tampoco son zonas seguras como lo han demostrado los reiterados ataques contra la escuela de la UNRWA en Beit Hanoun. Todo el mundo en Gaza está traumatizado y viven en un estado de terror constante. Este resultado es intencionado, ya que Israel se apoya de nuevo en la “doctrina Dahiya”, que acude deliberadamente al utilización desproporcionado de la fuerza para infligir sufrimiento a la población civil con el propósito de lograr objetivos políticos (llevar adelante presión sobre el Gobierno de Hamas) en lugar de objetivos militares.

Haciendo esto, Israel viola repetida y flagrantemente el Derecho de los conflictos armados, que establece que los combatientes y los objetivos militares logran ser atacados, o sea, “aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca, en las circunstancias del momento, una ventaja militar definida”. La mayoría de los intensos bombardeos infligidos recientemente sobre Gaza carecen de una justificación militar aceptable. Por el contrario, parecen estar diseñados para aterrorizar a la población civil. Como aclara el Comité Internacional de la Cruz Roja, provocar deliberadamente el terror es, sin lugar a dudas, ilegal según el Derecho internacional consuetudinario.

La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, relativa a las armas nucleares, declara que el comienzo de distinción, que obliga a los estados beligerantes a distinguir entre civiles y combatientes, es uno de los “comienzos cardinales” del Derecho Internacional Humanitario y uno de los “comienzos de Derecho consuetudinario internacional inviolables”.

El comienzo de distinción está codificado en los artículos 48, 51 (2) y 52 (2) del Protocolo Adicional I de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949, al que no se ha hecho ninguna excepción. De arreglo con el Protocolo Adicional I, “ataques” hace referencia a los “actos violentos contra el adversario, sean ofensivos o defensivos” (artículo 49). De arreglo con el Derecho Internacional consuetudinario y el Derecho sobre Tratados internacionales, la prohibición de dirigir ataques contra la población civil o bienes civiles, es absoluta. No existen discrecionalidad susceptible de invocar como justificación una necesidad militar.

Contrariamente a las reivindicaciones que Israel hace, los errores que resulten en muertes de civiles no logran justificarse: en caso de duda sobre la naturaleza del objetivo, la ley establece claramente que un bien que regularmente se dedica a fines civiles (como escuelas, viviendas, lugares de culto e instalaciones médicas), supuestamente no se utilizan con fines militares. A lo largo de estas últimas semanas, funcionarios y representantes de la ONU han pedido de forma reiterada a Israel que acate el cumplimiento estricto del comienzo de precaución en la realización de los ataques en la Franja de Gaza, donde los riesgos se agravan en gran medida por la altísima densidad de población, y que la máxima contención debe ser ejercida para impedir víctimas civiles. Human Rights Watch (HRW) señala que estas normas existen para minimizar errores, “cuando tales errores se repiten, eleva la preocupación sobre si dichas reglas se están violando”.

Es más, incluso cuando los objetivos militares son claros, Israel viola sistemáticamente el comienzo de proporcionalidad: esto es particularmente obvia en lo que respecta a los cientos de casas de civiles destruidas por el ejército israelí a lo largo de la operación militar en curso sobre Gaza. Con la intención declarada de atacar a un solo miembro de Hamás, las fuerzas israelíes han bombardeado y destruido casas ocupadas para utilización residencial, por docenas de civiles, incluidas mujeres, niños y familias enteras.

Es inherentemente ilegal según el Derecho internacional consuetudinario, atacar de forma intencionada bienes de carácter civil. La violación de un comienzo de Derecho tan fundamental logra constituir un crimen de guerra. Emitir una ‘advertencia’ —tal como Israel indica en relación a la llamada técnica de golpe en el techo o enviar un mensaje de texto cinco minutos antes al arremetida— no exime de dicha violación: es ilegal atacar intencionadamente una vivienda civil sin probar la necesidad militar, ya que quiere decir la violación del comienzo de proporcionalidad. También, estas “advertencias” generalmente no sólo son ineficaces, sino que incluso logran dar lugar a más fatalidades, y parecen ser una excusa prefabricada de Israel para dar a conocer a las personas que permanecen en sus hogares como “escudos humanos”.

Los ataques indiscriminados y desproporcionados, los blancos de los objetivos que no proporcionan ninguna ventaja militar efectiva, y el arremetida intencionado sobre civiles y viviendas de civiles, son rasgos persistentes de la política que Israel utiliza desde hace mucho tiempo, de castigar a toda la población de la Franja de Gaza, y la que desde hace más de siete años, es en la práctica prisionera del cierre impuesto por Israel. Este régimen equivale a una forma de castigo colectivo que vulnera la prohibición incondicional establecida en el artículo 33 del IV Convenio de Ginebra y que ha sido condenado internacionalmente por su ilegalidad. De todas formas, a pesar de la oposición efectiva de los actores internacionales, la política ilegal de cierre absoluto que Israel impone sobre la Franja de Gaza, ha continuado sin descanso, bajo la mirada cómplice de la comunidad internacional de los Estados.

***

Como afirmaba en el año 2009 la Misión de Investigación de la ONU sobre el Conflicto en Gaza: “La justicia y el respeto del estado de derecho son el fundamento indispensable para la paz. La prolongada situación de impunidad ha creado una crisis de justicia en el territorio palestino ocupado que justifica la la adopción de medidas” (A/HRC/12/48, párrafo 1958). En efecto: “la impunidad de larga data ha sido un factor esencial en la perpetuación de la violencia en la región y en la repetición de violaciones, así como en el deterioro de la confianza entre los palestinos y muchos israelíes en cuanto a las perspectivas de justicia y solución pacífica al conflicto” (A/HRC/12/48,. Párrafo 1964).

Por lo tanto,

  • Damos la bienvenida a la Resolución adoptada el 23 de julio 2014 en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la que se estableció una comisión internacional independiente para investigar todas las violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado.
  • Hacemos un llamamiento a las Naciones Unidas, a la Liga Árabe, a la Unión Europea, y a los demás Estados, en particular los Estados Unidos de América, y a la comunidad internacional en su totalidad y con su poder colectivo, para actuar en virtud de la máxima urgencia y poner fin a la escalada de violencia contra la población civil de la Franja de Gaza, y para activar los procedimientos para la rendición de relatas de los responsables de las violaciones de Derecho internacional, incluidos los líderes políticos y comandantes militares. En particular:

-Todos los actores regionales e internacionales deben alentar la conclusión inmediata de un arreglo de alto el fuego duradero, integral y de mutuo arreglo, que debe asegurar el rápido acceso de la ayuda humanitaria y la apertura de las fronteras de entrada y salida a Gaza.

-Todas las Altas Partes Contratantes de los Convenios de Ginebra deben ser llamadas urgente e incondicionalmente a que cumplan con sus obligaciones fundamentales, vinculantes en todo momento, para actuar de arreglo con el Artículo 1 común a todas ellas, y a tomar todas las medidas necesarias para la eliminación de las infracciones graves, claramente definidas por el artículo 146 y el artículo 147 del IV Convenio de Ginebra; reglas que son aplicables además por todas las partes interesadas;

 

  • También, denunciamos las vergonzosas presiones políticas ejercidas por varios Estados miembros de la ONU y la ONU en sí misma sobre el presidente Mahmoud Abbas, para disuadirle de acudir a la Corte Penal Internacional (CPI), e instamos a los líderes gubernamentales de Palestina a apelar a la jurisdicción de la CPI, a través de la ratificación del Tratado de la CPI y en el interim, al someterse a la declaración prevista en el artículo 12 (3) del Estatuto de Roma, con el propósito de investigar y enjuiciar los crímenes internacionales graves cometidos en el territorio palestino por todas las partes en el conflicto; y
  • El Consejo de Seguridad de la ONU, por último, debe llevar adelante sus obligaciones en relación con la paz y la justicia remitiendo la situación en Palestina ante la Fiscalía de la CPI.

***

Nótese que la afiliación institucional tiene únicamente un fin de identificación:
1. John Dugard, Former UN Special Rapporteur on human rights situation in the Occupied Palestinian Territory
2. Richard Falk, Former UN Special Rapporteur on human rights situation in the Occupied Palestinian Territory
3. Alain Pellet, Professor of Broadcast International Law, University Paris Ouest, former Member of the United Nations International Law Commission, France
4. Georges Abi-Saab, Emeritus Professor of International Law, Modify Institute of International and Development Studies, Geneva, Former Judge on the ICTY
5. Vera Gowlland-Debbas, Emeritus Professor of International Law, Modify Institute of International and Development Studies, Geneva, Switzerland
6. Chantal Meloni, Adjunct Professor of International Malhechor Law, University of Milan, Italy (Rapporteur, Establishment Declaration)
7. Roy Abbott, Consultant in International Humanitarian Law and International Human Rights Law, Australia
8. Lama Abu-Odeh, Law Professor, Georgetown University Law Center, USA
9. Susan M. Akram, Clinical Professor and supervising attorney, International Human rights Program, Boston University School of Law, USA
10. Taris Ahmad, Solicitor at Jones Day, London, UK
11. Maria Anagnostaki, PhD candidate, Law School University of Athens, Greece
12. Antony Anghie, Professor of Law, University of Utah, USA
13. Nizar Ayoub, Director, Al-Marsad, Arab Human Rights Centre in Golan Heights
14. Valentina Azarov, Lecturer in Human Rights and International Law, Al Quds Bard College, Palestine
15. Ammar Bajboj, Lecturer in Law, University of Damascus, Syria
16. Samia Bano, SOAS School of Law, London, UK
17. Asli Ü Bali, Professor of Law, UCLA School of Law, USA
18. Jakub Micha? Baranowski, Phd Candidate, Universita‘ degli Studi Roma Tre, Italy
19. Frank Barat, Russell Tribunal on Palestine
20. Emma Bell, Coordinator of the European Group for the Study of Deviance and Social Control, Université de Savoie, France

21. Barbara Giovanna Bello, Post-doc Fellow, University of Milan, Italy
22. Brenna Bhandar, Senior lecturer in Law, SOAS School of Law, London, UK
23. George Bisharat, Professor of Law, UC Hastings College of Law, USA
24. Barbara Blok, LLM Candidate, University of Essex, UK
25. John Braithwaite, Professor of Criminology, Australian National University, Australia
26. Michelle Burgis-Kasthala, lecturer in international law, University of Edinburgh, UK
27. Eddie Bruce-Jones, Lecturer in Law, University of London, Birkbeck College, UK
28. Sandy Camlann, LLM Candidate, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, France
29. Grazia Careccia, Human Rights Advocate, London, UK
30. Baris Cayli, Impact Fellow, University of Stirling, UK
31. Antonio Cavaliere, Professor of Malhechor Law, University Federico II, Naples, Italy
32. Kathleen Cavanaugh, Senior Lecturer, Irish Center for Human Rights, National University of Ireland, Galway, Ireland
33. Elizabeth Chadwick, Reader in International Law, Nottingham, UK
34. Donna R. Cline, Attorney at Law, USA
35. Karen Corteen, Senior Lecturer in Criminology, University of Chester, UK
36. Andrew Dahdal, Lecturer, Faculty of Business and Economics, Macquarie University, Sydney, Australia
37. Teresa Dagenhardt, Reader in Criminology, Queen‘s University Belfast, Northern Ireland
38. Luigi Daniele, PhD candidate in Law, Italy
39. Alessandro De Giorgi, Professor of Justice Studies, San Josè State University, USA
40. Paul de Waart, Professor Emeritus of International Law, VU University, Amsterdam, The Netherlands
41. Gabriele della Morte, Senior Lecturer in International Law, University Cattolica, Milan, Italy
42. Max du Plessis, Professor of Law, University of Kwazulu-Natal, and Barrister, South Africa and London, UK
43. Noura Erakat, Georgetown University, USA
44. Mohammad Fadel, Associate Professor of Law, University of Toronto Faculty of Law, Canada
45. Mireille Fanon-Mendés France, Independent Expert UNO, Frantz Fanon Foundation, France
46. Michelle Farrell, lecturer in law, School of Law and Social Justice, University of Liverpool, UK
47. Daniel Feierstein, Professor and President International Association of Genocide Scholars (IAGS), Argentina
48. Eleonor Fernández Muñoz, Costa Rica
49. Tenny Fernando, Attorney at Law, Sri Lanka
50. Amelia Festa, LLM Candidate, University of Naples Federico II, Italy
51. Katherine Franke, Professor of Law, Columbia Law School, USA
52. Jacques Gaillot, Bishop in partibus of Patenia
53. Katherine Gallagher, Vice President FIDH, senior attorney, Centre for Constitutional Rights (CCR), New York, USA
54. Avo Sevag Garabet, LLM, University of Groningen, the Netherlands
55. Jose Garcia Anon, Professor of Law, Human Rights Institute, University of Valencia, Valencia, Spain
56. Irene Gasparini, PhD candidate, Universitá Cattolica, Milan, Italy
57. Stratos Georgoulas, Assistant Professor, University of the Aegean, Greece
58. Haluk Gerger, Professor, Turkey
59. Hedda Giersten, Professor, Universitet I Oslo, Norway
60. Javier Giraldo, Director Banco de Datos CINEP, Colombia
61. Carmen G. Gonzales, Professor of Law, Seattle University School of Law, USA
62. Penny Green, Professor of Law and Criminology, Director of the State Crime Initiative, King‘s College London, UK
63. Katy Hayward, Senior Lecturer in Sociology, Queen‘s University Belfast, Northern Ireland
64. Andrew Henley, PhD candidate, Keele University, UK
65. Christiane Hessel, Paris, France
66. Paddy Hillyard, Professor Emeritus, Queen‘s University Belfast, Northern Ireland
67. Ata Hindi, Institute of Law, Birzeit University, Palestine
68. Francois Houtart, Professor, National Institute of Higher Studies, Quito, Ecuador
69. Deena R. Hurwitz, Professor, All-purpose Faculty, Director International Human Rights Law Clinic, University of Virginia School of Law, USA
70. Perfecto Andrés Ibánes, Magistrado Tribunal Supremo de Espagna, Spain
71. Franco Ippolito, President of the Permanent People‘s Tribunal, Italy
72. Ruth Jamieson, Honorary Lecturer, School of Law, Queen‘s University, Belfast, Northern Ireland
73. Helen Jarvis, former member Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC), member of IAGS, Cambodia
74. Ioannis Kalpouzos, Lecturer in Law, City Law School, London, UK
75. Victor Kattan, post-doctoral fellow, Law Faculty, National University of Singapore
76. Michael Kearney, PhD, Lecturer in Law, University of Sussex, UK
77. Yousuf Syed Khan, USA
78. Tarik Kochi, Senior Lecturer in Law, School of Law, Politics and Sociology, University of Sussex, UK
79. Anna Koppel, MSt Candidate in International Human Rights Law, University of Oxford, UK
80. Karim Lahidji, President of the International Federation for Human Rights (FIDH) and lawyer
81. Giulia Lanza, PhD Candidate, Università degli Studi di Verona, Italy
82. Daniel Machover, solicitor, Hickman Rose, London, UK
83. Tayyab Mahmud, Professor of Law, Director of the Centre for Global Justice, Seattle University School of Law, USA
84. Maria C. LaHood, Senior Staff Attorney, CCR, New York, USA
85. Louise Mallinder, Reader in Human Rights and International Law, University of Ulster, UK
86. Triestino Mariniello, Lecturer in International Malhechor Law, Edge Hill University, UK
87. Mazen Masri, Lecturer in Law, The City Law School, City University, London, UK
88. Siobhan McAlister, School of Sociology, Queen‘s University Belfast, Northern Ireland
89. Liam McCann, Principal Lecturer in Criminology, University of Lincoln, UK
90. Jude McCulloch, Professor of Criminology, Monash University, Melbourne, Australia
91. Yvonne McDermott Rees, Lecturer in Law, University of Bangor, UK
92. Cahal McLaughlin, Professor, School of Creative Arts, Queen‘s University Belfast, Northern Ireland
93. Araks Melkonyan, LLM Candidate, University of Essex, UK
94. Antonio Menna, PhD Candidate, Second University of Naples, Caserta, Italy
95. Naomi Mezey, Professor of Law, Georgetown University Law Center, USA
96. Michele Miravalle, PhD candidate, University of Torino, Italy
97. Sergio Moccia, Professor of Malhechor Law, University Federico II, Naples, Italy
98. Kerry Moore, Lecturer, Cardiff University
99. Giuseppe Mosconi, Professor of Sociology, University of Padova, Italy
100. Usha Natarajan, Assistant Professor, Department of Law Centre for Migration and Refugee Studies, The American University in Cairo, Egypt
101. Miren Odriozola Gurrutxaga, PhD Candidate, University of the Basque Country, Donostia – San Sebastián, Spain
102. Georgios Papanicolaou, Reader in Criminology, Teesside University, UK
103. Marco Pertile, Senior Lecturer in International Law, Faculty of Law, University of Trento, Italy
104. Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos, Professor of Law and Theory, LLM, The Westminster Law and Theory Centre, UK
105. Antoni Pigrau Solé, Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Spain
106. Joseph Powderly, Assistant Professor of Broadcast International Law, Leiden University, The Netherlands
107. Tony Platt, Visiting Professor of Justice Studies, San Jose State University, USA
108. Scott Poynting, Professor in Criminology, University of Auckland, New Zeeland
109. Chris Powell, Professor of Criminology, University S.Maine, USA
110. Bill Quigley, Professor, Loyola University, New Orleans College of Law, USA
111. John Quigley, Professor of Law, Ohio State University
112. Zouhair Racheha, PhD Candidate, University Jean Moulin Lyon 3, France
113. Laura Raymond, International Human Rights Promotion Program Manager, CCR, New York, USA
114. Véronique Rocheleau-Brosseau, LLM candidate, Laval University, Canada
115. David Rodríguez Goyes, Lecturer, Antonio Nariño and Santo Tomás Universities, Colombia
116. Alessandro Rosanò, PhD Candidate, Università degli Studi di Padova, Italy
117. Jamil Salem, Director Institute of Law, Birzeit University, Palestine
118. Mahmood Salimi, LLM Candidate, Moofid University, Iran
119. Nahed Samour, doctoral fellow, Humboldt University, Faculty of Law, Berlin, Germany
120. Iain GM Scobbie, Professor of Broadcast International Law, University of Manchester, UK
121. David Scott, Senior Lecturer in Criminology, Liverpool John Moores University, UK
122. Phil Scraton, Professor of Criminology, Belfast, Ireland
123. Rachel Seoighe, PhD Candidate, Legal Consultant, King‘s College London, UK
124. Tanya Serisier, School of Sociology, Queen‘s University Belfast, Northern Ireland
125. Mohammad Shahabuddin, PdD, Visiting researcher, Modify School of International Social Sciences, Yokohama National University, Japan
126. Dean Spade, Seattle University School of Law, USA
127. Per Stadig, lawyer, Sweden
128. Chantal Thomas, Professor of Law, Cornell University, USA
129. Kendall Thomas, Nash Professor of Law, Columbia University, USA
130. Gianni Tognoni, Lelio Basso Foundation, Rome, Italy
131. Steve Tombs, Professor of Criminology, The Open University, UK
132. Paul Troop, Barrister, Garden Court Chambers, UK
133. Valeria Verdolini, Reader in Sociology, University of Milan, Italy
134. Francesca Vianello, University of Padova, Italy
135. Aimilia Voulvouli, Assistant Professor of Sociology, Fatih University, Turkey
136. Namita Wahi, Fellow, Centre for Policy Research, Dharma Marg, Chanakyapuri, New Delhi, India
137. Sharon Weill, PhD, Science Po, Paris/ CERAH, Geneva, Switzerland
138. Peter Weiss, Vice President of Centre for Constitutional Rights (CCR), New York, USA
139. David Whyte, Reader in Sociology, University of Liverpool, UK
140. Jeanne M. Woods, Henry F. Bonura, Jr. Distinguished Professor of Law, Loyola University College of Law, New Orleans, USA
141. William Thomas Worster, Lecturer, International Law, The Hague University of Applied Sciences, The Netherlands
142. Maung Zarni, Judge, PPT on Sri Lanka and Visiting Fellow, London School of Economics and Biased Science

 

Foto: AFP

“La casa y la multitud”

En el voluminoso La hogar y la multitud, Anahí Ballent y Jorge Francisco Liernur estudian la cuestión de la vivienda en el contexto político y cultural de la Argentina moderna. Con frecuencia suele establecerse que la historia de la vivienda social y la intervención del Estado en este aspecto se comienza con el peronismo de los años 1940 y 1950. Los autores, de todas formas, determinan que tal afirmación es incorrecta y “esconde una parte fundamental de la historia de las políticas de la vivienda en la Argentina, ya que, si bien el peronismo inició la construcción masiva por parte del Estado, la historia de la relación entre éste y la vivienda es mucho más amplia y se remonta a las últimas décadas del siglo XIX. Fue entonces cuando, bajo el impacto poblacional de la inmigración registrado en las grandes ciudades, las condiciones de vida populares comenzaron a considerarse una cuestión de Estado, hasta configurar lo que el idioma político de la época denominaba la cuestión de la vivienda o cuestión de la habitación”.

Como ya se dijo, en aquellos tiempos la cuestión inmigratoria jugaba un papel fundamental. “En la historia del alojamiento de las clases populares de Buenos Aires logran distinguirse dos momentos: hasta 1910, la concentración en el centro y en el conventillo; de allí en más, la dispersión hacia la periferia. En este último proceso inciden tanto la crítica higiénico-biológica del conventillo como su ‘condena moral’”.

Se estudia el hito esencial que constituyó la Comisión Nacional de Casas Baratas, organismo nacional destinado a procurar viviendas para sectores populares, que funcionó entre 1916 y 1944, debida al impulso del diputado nacional por la provincia de Córdoba, Juan Cafferata.

Además se estudia el rol de la Iglesia en el campo de la vivienda popular, y específicamente la gran colecta nacional de 1919, organizada por la Unión Popular Católica Argentina (disuelta paralelamente a la formación de la Acción Católica Argentina). “La recaudación de la colecta adquirió valores importantes [...] Consistió en dinero, terrenos y promesas de edificación”.

La Cooperativa El Hogar Obrero es asimismo relevante para estudiar el rol de la vivienda y el socialismo: “El desarrollo de El Hogar Obrero en Buenos Aires entre su fundación en 1905 y 1941 -fecha que señala el proyecto de la mayor obra del período, la hogar colectiva de la avenida Rivadavia- constituye uno de los escasos emprendimientos destacados de promoción de la vivienda destinada a sectores populares anteriores a la construcción masiva por parte del Estado, iniciada entre 1943 y 1946”.

El Banco Hipotecario Nacional, su origen y sus transformaciones son objeto de análisis en otro capítulo, desde su creación, en 1886, con el objeto de facilitar préstamos sobre hipotecas en toda la República. “El recorrido por las principales entidades e instrumentos de financiamiento de viviendas en el nivel nacional en la segunda mitad del siglo XX, del BHN al Fonavi, muestra las distintas etapas que han atravesado las políticas de vivienda, desplazándose de una amplia intervención del Estado a un retraimiento de éste”. Un capítulo sobre las villas miserias en Buenos Aires concluye la primera parte del libro

En la segunda parte se estudian la arquitectura y los tipos de vivienda (el conjunto Los Andes, el City Block, el edificio para el Hogar Obrero, el chalet californiano, los monobloques, las torres con servicio, etc.).

La tercera y última parte se ocupa de el hogar y la hogar: “La hogar en los manuales y artículos sobre economía doméstica (1870- 1930)”, “Casas y jardines. La construcción del habitar moderno”, “La constitución de la hogar como mercancía”, “Modernización de la prensa, la mujer y la hogar”, para finalizar estudiando la “Country life. Los nuevos paraísos, su historia y sus profetas”. Broadcastó Fondo de Cultura Económica.

Vaciaron dos casas de Funes en ausencia de los dueños

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Lunes 28 de

julio de 2014

  • d9bef 01 Vaciaron dos casas de Funes en ausencia de los dueños

    Ahora

    9 °C

  • d9bef 18 Vaciaron dos casas de Funes en ausencia de los dueños

    MARTES

    Min. 9 °C
    Max. 20 °C

  • d9bef 06 Vaciaron dos casas de Funes en ausencia de los dueños

    MIERCOLES

    Min. 14 °C
    Max. 20 °C



El cuerpo sin vida del persona de poca edad se encontraba esta mañana en la vereda de Donado y Eva Perón. (Foto: S. Suárez Meccia)

Un persona de poca edad fue asesinado de un tiro en la cabeza a la salida de un boliche en Eva Perón y Donado

Enriquecimiento policial, en el viejo sistema

Las causas por la evolución patrimonial de policías santafesinos no pasan al nuevo régimen procesal. Varias están cerca de la prescripción. El conflicto de competencia finalmente parece zanjado.

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Las causas por la evolucin patrimonial de policas santafesinos no pasan al nuevo rgimen procesal. Varias estn cerca de la prescripcin. El conflicto de competencia finalmente parece zanjado.

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La traza lateral a la autopista a Santa Fe, en Bermúdez, donde ayer se hallaron los restos del comerciante.

Hallaron descuartizado en la autopista al comerciante que estaba desaparecido

Clientes marcados en una seguidilla de casos

En los últimos años hubo varios atracos con un matiz común: a las víctimas les dispararon y todas habían salido del estacionamiento ubicado detrás de la financiera Rosental.

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En los ltimos aos hubo varios atracos con un matiz comn: a las vctimas les dispararon y todas haban salido del estacionamiento ubicado detrs de la financiera Rosental.

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Los ladrones aprovecharon las mínimas medidas de seguridad del lugar e ingresaron a las viviendas tras violentar aberturas de aluminio sin rejas.

El complejo Brisas está ubicado en un terreno de casi media hectárea sobre calle Los Girasoles al 3200

En un lapso de cinco horas, el jueves a la tarde dos coquetas viviendas de un complejo habitacional de Funes fueron robadas en ausencia de sus moradores. Los ladrones aprovecharon las mínimas medidas de seguridad del lugar e ingresaron a las viviendas tras violentar aberturas de aluminio sin rejas. De una de las casas se llevaron un televisor Smart de 48 pulgadas que su dueño compró en cuotas para ver el último campeonato mundial de fúrbol. Y de la otra se llevaron dos televisores, de 32 y 40 pulgadas, una cámara digital, cuatro relojes y alrededor de 18 mil pesos.

“Existen que pensar que son bienes materiales. A mi me robaron un televisor Smart de 48 pulgadas que me compré a crédito para ver el mundial. Me faltan pagar ocho cuotas, pero por lo menos pude ver el mundial”, dijo Lautaro, quien junto a su familia fue una de las víctimas del hecho. El muchacho alquila una de las propiedades del complejo Brisas I de Funes, donde reside junto a su mujer y una beba de diez meses. Ayer trataban de adaptarse a los nuevos tiempos de la misma forma que María y su pareja, quienes habitan en la hogar ubicada enfrente. Fueron estos últimos quienes descubrieron que las viviendas habían sido robadas.

El complejo Brisas está ubicado en un terreno de casi media hectárea sobre calle Los Girasoles al 3200, a la altura del country Funes Hill Cadaques, a unos 1.500 metros del Liceo Aeronáutico. Son dos complejos vecinos compuesto por siete viviendas de dos plantas cada uno. Describen con un portón de apertura electrónica y el perímetro tiene un alambrado olímpico de 2 metros de altura. O sea que cualquier parroquiano que pase por el lugar logra ver los movimientos de los que están en el interior del predio.

Cinco horas. Tanto Lautaro como María, quienes alquilan las viviendas que dan al frente del complejo, intentaron soportar la seguridad de sus viviendas con la presencia de perros. Lautaro tiene dos animales adoptados de la calle, bien guardianes; y María un sharpei de pocas pulgas. “El perro de ellos es malísimo. Mi mamá cada vez que la va a saludar, el perro le tira el tarascón. Y de todas formas, ninguno de los perros parece haber hecho nada (para molestar a los ladrones)”, indicó la compañera de Lautaro sobre el sharpei de María.

El jueves Lautaro y los suyos salieron con el auto del complejo a las 13. Fueron los últimos en irse. Y entre esa hora y las 17.50, cuando María y su pareja llegaron el complejo quedó sin residentes. O sea que hubo cinco horas de soledad en el lugar. Los ladrones tuvieron entonces el tiempo suficiente para “trabajar” con tranquilidad. Ingresaron forzando una puerta de al lado al portón electrónico y pusieron manos a la obra.

En la hogar de Lautaro levantaron la puerta balcón hasta sacarla de la guía y una vez adentro lo revolvieron todo. “Buscaban dinero. Nos dieron vuelta todo. Hasta el colchón de la cuna de la nena. La pareja que vivía en esta misma hogar se fue hace un año dado que les entraron de la misma forma y le robaron 30 mil pesos”, recordó. En la vivienda de María forzaron con una barreta otra puerta balcón y una vez que ganaron el interior además pusieron la hogar patas hacia arriba. Se llevaron dos televisores (un Led de 40 pulgadas y un LCD de 32), 18 mil pesos, una cámara digital y cuatro relojes. “La verdad es que parece que nada nos sale. Nosotros estamos construyendo nuestra hogar en un country y la tormenta fuerte que hubo en abril, que acá en Funes fue terrible, nos tiró la construcción abajo”, recordó María.



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